Defensa del Territorio
Ubicación geográfica
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Contexto
Local
Comunidades, pueblos indígenas y organización sociales posicionan su derecho a la resistencia popular, reconstitución de autoridades comunitarias y ancestrales, reivindican consultas desarrolladas ante la imposición de proyectos extractivos en su territorio. Mediante acciones constitucionales y la movilización han suspendido licencia de autorización por irregularidades en su otorgamiento, acuerdos gubernativos, reglamentos y leyes que legalizan el despojo de bienes naturales y territorio. Potencialmente se identifica el liderazgo de mujeres con rol protagónico y decidido en la defensa de derechos fundamentales y el agrietamiento del nuevo modelo de acumulación de capital.
Defensa
Bienes naturales
Así mismo posicionan con fuerza ante la institucionalidad estatal la aprobación de políticas municipales de gestión y defensa de bienes naturales y desarrollo integral, no autorización de proyectos extractivos en sus territorios, la cancelación de autorizaciones vigentes y la no aprobación de leyes regresivas que restringen derechos fundamentales (reformas a la ley de ONGs, ley de reconciliación, ley de orden público, ley de reformas al código de trabajo, reformas a la ley de sindicalización, ley contra actos terroristas, ley de consultas, ley de explosivos industriales, entre otros). La exigibilidad de respeto pleno a derechos colectivos y especialmente la consulta previa, libre e informada y no como instrumento de legitimidad a proyectos extractivos, sino la realización de un derecho fundamental y vinculante.
Municipalización de
Tierras
Aparece con más intensidad el planteamiento de recuperación de tierras comunales, desde la activación de memoria colectiva; apertura, desenvoltura y análisis de títulos históricos e identificación de amenaza actual de robo por parte del Estado desde el fenómeno denominado municipalización de tierras comunales; este fenómeno también comprende el impulso de iniciativa de ley que pretende legalizar la destrucción de tierras comunales con la iniciativa de ley 5188 denominado como “regularización de la tenencia de la tierra”.
El argumento es que las tierras comunales no tienen plenamente identificado al propietario o propietaria -es común encontrar fincas inscritas a nombre de los vecinos del municipio de Los Amates, El Común de Naturales del Pueblo de Camotán y Los milicianos del municipio de Tacaná.
La alta corte de control constitucional advierte que la iniciativa de ley está lejos de ser una propuesta encaminada a normar mecanismos específicos de protección de los derechos de propiedad comunal indígena sobre sus territorios, no observar los usos, procedimientos y costumbres propias en el dominio y/o posesión de sus territorios; además que, en la formulación de esa iniciativa, no se incluyó la participación de las poblaciones indígenas guatemaltecas.
Por otro lado, se aprecia un brote de conflictos por supuestos límites territoriales, usurpación de propiedad, frente al cual el Estado emite órdenes de desalojo, propone como solución mesas de diálogo y la división del título de propiedad comunal e implementa estados de sitio que sirve para la captura de defensoras y defensores de derechos humanos.
Propiedad
Indígena
El alto tribunal de justicia constitucional ha asentado jurisprudencia sobre tierras comunales y recientemente en el expediente 4670-2017 de fecha ocho de octubre de 2019, emitió la exhortación al congreso de la república en crear la ley específica y estableció los parámetros de contenido que en adelante cualquier ley que no contenga dichos preceptos resultaría contradictoria a la constitución. Textualmente se lee “…en cuanto a que los mecanismos de protección del derecho de propiedad comunal de los pueblos indígenas sobre sus territorios, debieran estar regulados en un cuerpo normativo especial, dada su naturaleza y características, pues acceder a que en el marco regulatorio general de propiedad se regule lo concerniente a la propiedad comunal indígena, provocaría que la protección no sea completa y funcional, en atención a los principios que la rigen, sus características propias, usos y costumbres que poseen las comunidades indígenas, por lo que, lejos de lograr la máxima protección posible para ellos, se les protegería limitadamente, lo cual no es congruente con la genuina pretensión de que se regule y proteja permanentemente lo relativo a la propiedad comunal indígena y todos los derechos que de ella se deriven”.
Corrupción
Proyectos extractivos
El retiro de la CICIG crea el clima natural para la continuidad de la corrupción, ahora seguramente con métodos y medidas más sofisticados para ocultarse en el manto de la impunidad los diferentes operadores del Estado. La corrupción favorece el otorgamiento de proyectos extractivos, las dependencias del Estado aprueban licencias sin observar y cumplir con los parámetros ambientales y legales a cambio de prebendas o participación en proyectos extractivos. Este contexto se prevé su consolidación por los nuevos actores del legislativo y ejecutivo. Además, que en el periodo que abarca el presente plan sucederá la sustitución de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, lo cual anticipa un riesgo a los avances obtenidos.
El nuevo jefe de gobierno y jefe de Estado con determinación y en forma reiterada proclama continuidad del modelo extractivista, lo cual implica permanencia y generación de nuevas autorizaciones de proyectos de minería, hidroeléctricos, geotérmicos, patente de semillas, megaproyectos, agrotóxicos, turismo, militarización y monocultivos mediante el despojo y ocupación de tierras, devastación de bienes naturales y violación de derechos fundamentales e imposición de políticas y leyes de ajuste estructural.
Cooptación
Histórica
No esta demás recordar la cooptación histórica de la institucionalidad del Estado por parte de la oligarquía para perpetuar el despojo y la devastación de bienes naturales en territorio de pueblo indígenas.
Latente en la agenda legislativa la aprobación de una ley de aguas dirigido a legalizar y legitimar supuestos derechos de propiedad privada de agua que se denominan derechos adquiridos, convalidación de derechos, que riñe con preceptos constitucionales. Con total omisión de protección y realización del derecho humano al agua potable y saneamiento ambiental, peor aún, fuera de la esfera legislativa el reconocimiento del agua como sujeto de derechos. Cabe recordar la vigencia de innumerables normas de carácter ordinario que reconocen el agua como un bien de dominio privado. La problemática de contaminación y derivación del agua es latente y el déficit en el acceso al agua potable es violación sistemática del derecho humano al agua.
Impunidad
Ambiental
Aceleración del uso inadecuado y excesivo del derecho penal para castigar y destrozar la voz, integridad física y psíquica de defensoras y defensores de derechos humanos. Complementariamente esta política de Estado contempla el asesinato como mecanismo que sirve para sembrar el terror en los integrantes de comunidades y pueblos indígenas que defienden sus derechos fundamentales y los derechos de la naturaleza. Se puede caracterizar como el reavivamiento y recreación del plan de contrainsurgencia aplicada en el conflicto armado interno que finalizo hace poco más de veinte años.
Prevalece la impunidad ambiental y la carencia en legislar sobre actos de daño ambiental como ecocidios, derivación de ríos, contaminación y acaparamiento agua, uso desmedido de agrotóxicos y su aplicación aérea cuyo mayor daño se acentúa en el litoral del pacifico y atlántico.
Actores
Fundamentales
A nivel local el SEGEPLAN desde su mandato está dirigiendo la elaboración de planes de desarrollo municipal con enfoque de ordenamiento territorial que oculta la estrategia de despojo de tierra y establecimiento de controles arbitrarios. En algunos territorios con apoyo de USAID. Todo esto en el marco del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Honduras, El Salvador y Guatemala que a nivel nacional se configura con el Plan Katún 2032 y el convenido de tercer país seguro con Estados Unidos.
Otros de los actores fundamentales lo constituyen las iglesias, el adoctrinamiento de grupos religiosos, líderes religiosos y feligreses sobre los fundamentalismos religiosos orientados a la construcción de conciencias de normalización y aceptación del modelo de acumulación extractivo como único eje para el desarrollo del país.
Antecedente histórico del proceso
Este proceso tuvo como punto de partida el acompañamiento de consultas comunitarias y de vecinos en territorios de acompañamiento ante proyectos extractivos que se impulsan en forma inconsulta a las comunidades y pueblos indígenas.
El detonante de estas acciones de reivindicación lo constituye el agua, en fuerte tensión para dinamizar el modelo de acumulación de capital y es sobre esta situación que se promueve el dialogo y debate sobre una ley de agua para proteger el bien hídrico.
Por otro lado se acompaña a comunidades en el diseño e implementación de estrategias de defensa del territorio ante amenazas de proyectos extractivos de minería, petróleo, hidroeléctrica, geotermia, infraestructura de transporte de energía y comunicación.
Se impulsa la formación política y jurídica del liderazgo comunitario para que puedan identificar situaciones de amenaza a su territorio, definir estrategia y buscar acompañamiento integral. Este proceso en el 2017 se replantea con un énfasis de promover liderazgo ético que pueda oxigenar el liderazgo del movimiento comunitario.
En el 2014 el congreso de la república aprobó la ley de obtención de vegetales que popularmente fue conocida como “ley Monsanto”, que ante fuerte movilización territorial fue derogada, esta amenaza hizo surgir la necesidad de promover una propuesta de ley de protección y conservación de la biodiversidad.
Las distintas resistencias de comunidades y pueblos fueron encontrándose en varios eventos donde coincidieron en la necesidad de encontrarse para definir estrategias comunes y fortalecer las diferentes reivindicaciones que libran en su comunidad, dando origen en el 2015 al Colectivo Agua y Vida y Territorio que impulso la propuesta de ley de agua conocida con el número de registro 5070. El colectivo logro una representación en la discusión de una propuesta de ley de “consenso” donde participo la universidad de San Carlos, Comisión Extraordinaria del Congreso de la Republica, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, entre otros, logrando la inclusión del 50% de puntos irrenunciables, la iniciativa que surgió es la 5253.
En el 2015 tuvo lugar en Guatemala la VII audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua ante el cual las comunidades presentaron 3 casos referidos al agua. Esto fue la antesala para colocar en la opinión pública la problemática del agua.
La comunidades continuaron a nivel territorial su reivindicación de defensa del agua y esencialmente la defensa del derecho humano al agua potable ante la sistemática contaminación y derivación de cuerpos de agua, esto hizo configurar la Asamblea de Pueblos, Agua, Vida y Territorio. Que impulsa incidencia política y publica a nivel nacional e internacional.
Los pueblos indígenas en la perspectiva de ir afianzando nuevas estrategias han identificado la posibilidad mediante el uso alternativo del derecho hacer valer títulos de propiedad colectiva de la tierra otorgados en la época colonial; esto marca una nuevo hito de lucha histórica.
Principales
Objetivos del proceso
Contribuir a la reconstitución de los pueblos y sus articulaciones con plena participación de mujeres y hombres en territorios libres de despojos y del patriarcado.
Se esperan
Resultados
- Creación e instrumentalización de jurisprudencia en materia del derecho humano al agua potable, semillas nativas, derecho indígena, conocimientos ancestrales y tierras comunales.
- El impulso de políticas municipales de protección y conservación de bienes naturales.
- Impulsadas propuestas de leyes alternativas de agua, biodiversidad, administración de justicia, tierras comunales y respaldo a iniciativas de ley de radios comunitarias, desarrollo rural, lugares sagrados, juventud, entre otros.
- Defensoras y defensores de derechos humanos reciben acompañamiento legal ante la criminalización del Estado.
- Acceso al sistema interamericano y sistema universal de derechos humanos para denunciar al Estado por violación de derechos y obtener estándares de protección de derechos fundamentales.
- Comunidades, pueblos indígenas, movimientos sociales han articulado planteamientos y acciones políticas y jurídicas en recuperación, gestión y defensa de su territorio.
- Asamblea de Pueblos, Agua, Vida y Territorio con instrumento de estructura, funcionamiento, sostenibilidad en el tiempo, equidad de género y generacional.
Otros
Resultados
- Mujeres con rol activo en las comisiones de trabajo en la asamblea como sujeto político (Asamblea de Pueblos, Agua, Vida y Territorio).
- Incluido en los procesos de formación el planteamiento de nuevas masculinidades y se ha sensibilizado a las autoridades comunitarias en la inclusión de mujeres en cargos y toma de decisión.
- Diferentes actores sociales, religioso, académicos y medios de comunicación alternativa promueven alianza con las comunidades en favor de defender el territorio.
- Actores comunitarios y organizaciones sociales definen un voto antihegemónico y antipatriarcal en el proceso electoral.
- Mujeres y hombres con liderazgo comunitario se reivindican como sujetos políticos e implementan nuevas estrategias de defensa del territorio.
- Comunidades cuentan con información sobre el avance y comportamiento del modelo extractivo y el patriarcado.
- Liderazgo que participa en procesos de defensa del territorio definen su camino hacia la reconstitución territorial, económica y política.
Principales
Acciones
- Litigio estratégico (agua, biodiversidad, tierras comunales, concesiones de proyectos extractivos, derogación de leyes de despojo de derechos de pueblos indígenas).
- Impulso de propuestas legislativas y políticas municipales de bienes naturales.
- Incidencia política nacional e internacional en defensa de bienes naturales.
- Promoción del protagonismo de mujeres en espacios de decisión.
- Alianza y relación para el impulso de reivindicaciones comunitarias.
- Sensibilización cívico político para la generación de conciencia electoral, lucha contra la corrupción y la necesidad de la unidad en la defensa del territorio.
- Formación política, jurídica y metodológica en gestión y defensa del territorio.
- Campañas de comunicación en defensa y gestión de bienes naturales.
- Socialización de la propuesta del sistema de escuelas comunitarias maya.
Actores
Espacios de articulación
- Asamblea de Pueblos, Agua, Vida y Territorio.
- Consejos Permanentes de Defensa del Territorio.
- Alianza por el agua.
- Autoridades comunitarias.
- Autoridades Indígenas Ancestrales de los Pueblos Maya, Xinka y Garífuna de Guatemala.
- Alianza de Autoridades Ancestrales Ajpop Tinamit Oxlajuj Imox departamento de Sololá.
- Mesa de Tierras Comunales.
Principales
Logros
- Comunidades, pueblos, organizaciones y movimientos sociales se han articulado en la Asamblea de Pueblos, Agua, Vida y Territorio.
- Impulso de propuestas jurídicas de defensa de bienes comunes y dos propuestas legislativas de protección y defensa del agua y biodiversidad.
- Posicionamiento de puntos irrenunciables como estándares de una ley de agua en Guatemala.
- Una sentencia de Corte de Constitucionalidad con exhortación al Congreso de la Republica la emisión de una ley de agua que deberá tener en cuenta: i) la naturaleza fundamental del derecho al agua; ii) la singular percepción –material y espiritual– de los pueblos indígenas sobre el agua; y iii) lo expresado sobre ese tema en observaciones, resoluciones y declaraciones emanados de órganos de la Organización de Naciones Unidas y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como en otros estándares internacionales.
Otros
Logros
- Contención de leyes, políticas, reglamentos que legalizan el despojo de bienes naturales y derechos colectivos.
- Promoción de nuevo liderazgo ético con posicionamiento político e ideológico frente el modelo de acumulación de capital y con capacidades en el manejo de herramientas de defensa de derechos colectivos.
- Visibilización a través de la comunicación popular-alternativa la problemática de despojo del territorio, acaparamiento y contaminación del agua, despojo de semillas, despojo de derechos y denuncia pública sobre violación de derechos fundamentales ante sistemas internacionales de protección de derechos humanos.
- Acompañamiento integral a defensoras y defensores de derechos humanos criminalizadas-os en los territorios de acompañamiento.